Dejando a un lado la fiabilidad de este tipo de encuestas y lo exiguo de la participación, resulta realmente alarmante que se haga con toda naturalidad esa pregunta y que un elevado porcentaje de ciudadanos considere que las sentencias del máximo intérprete de nuestra Constitución no deben acatarse. Alarmante pero comprensible porque son los propios cargos públicos quienes vienen abonando impunemente dicha tesis, como Joan Ridao, diputado nacional y por lo tanto representante de todos los españoles. En una reciente entrevista de La Cope el portavoz de ERC en el Congreso rechazaba la legitimidad del Tribunal para decidir sobre la adecuación del Estatuto de Cataluña a la Constitución afirmando que «en Derecho comparado,nohay ningún tribunal ni ninguna corte suprema que pueda decidir en última instancia una ley de esta naturaleza, porque de hecho no hay ninguna ley en el mundo de esta naturaleza; no es cualquier Ley Orgánica, es un pacto político».

Por su parte, el consejero de Gobernación y Administraciones Públicas de la Generalitat y secretario general de ERC, Joan Puigcercós, aun va más allá, al considerar al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, nada más y nada menos que un «prevaricador» por recurrir el Estatuto de Cataluña.

A ello cabe añadir el desafortunado llamamiento del Vicepresidente del Gobierno Catalán, Carod Rovira, a manifestarse en contra de la sentencia, antes siquiera de conocerla, en lo que la opinión publicada ha dado en llamar “manifestación preventiva”, para impedir que el Tribunal Constitucional «acabe anulando la voluntad libremente expresada por el pueblo catalán».

La realidad es que la Ley de reforma del Estatuto Catalán podría en todo caso considerarse fruto de la voluntad del «pueblo español» puesto que se trata de una Ley Orgánica aprobada en las Cortes Generales a iniciativa de los Parlamentos Autonómicos, que también son órganos estatales, les guste o no al señor Carod y al señor Ridao. Eso en teoría, pero, en la práctica, lo que tenemos en España es un «Estado de Partidos», en el que las leyes que se aprueban no son el fruto del estudio, el análisis concienzudo y orientado al interés general de todos los españoles, sino al interés del partido gobernante de perpetuarse en el Gobierno a costa incluso de ceder al chantaje del nacionalismo radical. De ahí que sus representantes se permitan el lujo de decir que engendros como el Estatuto de Cataluña son más que una Ley Orgánica; «un pacto político entre el Gobierno Central y el Gobierno catalán», al estilo de los pactos mafiosos que nadie se puede atrever a romper, porque te juegas la vida, en este caso la buena vida de que disfrutan muchos cargos públicos por apretar el botón que previamente se les indica cuando suena el timbre para ir a votar normas cuyo texto muchas veces sus señorías ni conocen y en cuyo debate no han estado presentes.

Un Presidente del Gobierno digno de ese cargo debería salir inmediatamente a deslegitimar este tipo de comentarios sediciosos y pedir la dimisión de sus autores. Porque aunque es cierto que el Tribunal Constitucional adolece hoy más que nunca de falta de credibilidad por la excesiva politización de sus magistrados, la solución pasa por cambiar el sistema de acceso o la composición del Tribunal. Lo que no podemos permitir es que cargos públicos deslegitimen sin consecuencias las eventuales decisiones del máximo intérprete de nuestra Constitución, y además sólo cuando no favorecen sus intereses, porque, seguramente, los mismos políticos que lo critican hoy, alabarían la sentencia y el buen hacer de los magistrados que secundasen el fallo favorable al Estatuto.

Así sucedió, por ejemplo, en el llamado «caso LOAPA», Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, fruto de un pacto de Estado entre UCD y el PSOE (que muchos calificaron como deriva centralista del partido socialista y que hoy produce más que añoranza). La LOAPA, basada en el trabajo de expertos juristas, entre otros el hoy eurodiputado por UPyD Francisco Sosa Wagner, pretendía evitar que la entonces incipiente diversidad de disposiciones normativas de las CCAA produjera una desarmonía contraria al interés general (como efectivamente sucede hoy en día, con 17 leyes distintas para casi todo).

El 5 de agosto de 1983 el Tribunal Constitucional estimó parcialmente los recursos formulados entre otros por el Parlamento y el Gobierno catalanes contra dicha Ley y declaró inconstitucionales 14 de los 38 artículos. Lo que sorprende al leer dicha sentencia es que uno de los principales argumentos de los nacionalistas era entonces que las leyes orgánicas emanadas del Parlamento que pretendan incidir en el reparto de competencias entre el Estado y las CCAA «pueden y debe ser corregidas en última instancia por el propio Tribunal Constitucional.»

Según el artículo 13.3 del denominado Plan Ibarretxe, los vascos tendrían un supuesto derecho a decidir si quieren «alterar íntegra o sustancialmente el modelo y régimen de relación política con el Estado español, así como las relaciones con el ámbito europeo e internacional.» Sigue la oscuridad. Lo primero que cabría preguntarse es qué vascos, porque, según el texto de la Ley ahora ilegalizada, no se incluiría a los más de 200.000 emigrados por amenazas o imposibilidad de desarrollar su profesión libremente. Pero, además, ¿Qué es eso de «alteración íntegra o sustancial?» ¿Qué conlleva para los ciudadanos vascos consultados, para sus bolsillos, para sus familias, para su futuro en la UE? Evidentemente Ibarretxe no quiere entrar en esas espinosas cuestiones. Cuanta más ambigüedad, mejor. Eso lo sabe cualquier aprendiz de psicólogo: se genera la denominada «resistencia a la exigencia», de forma que habría ciudadanos que sólo por entender que se les niega algo, acaben apoyándolo, aunque no comprendan muy bien la pregunta:

«¿Está Usted de acuerdo en que los partidos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un Acuerdo Democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del Pueblo Vasco, y que dicho Acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010?»

Según se recoge en la sentencia del TC, el Parlamento Vasco alegaba en su «defensa» que en la pregunta «no se parte del reconocimiento del derecho de autodeterminación –de momento-, sino de «un contexto en el que son necesarias soluciones que, como la representada por la Ley de la Claridad canadiense, den respuesta alproblema de las minorías estructurales en el seno de una comunidad política soberana».

¿Por qué el Gobierno Vasco introduce esa referencia al caso canadiense? Hay que recordar que en este país de mayoría anglófona convive con una provincia, Quebec, de mayoría francófona con un partido nacionalista, el Partido Quebequés que propugna la secesión del resto del país. En 1995 se celebró en Quebec un referéndum –su sistema legal, a diferencia del nuestro, sí lo permite- en que se formulaba a los quebequeses la siguiente pregunta:

«¿Aceptaría usted que Quebec sea soberano tras haber ofrecido formalmente a Canadá una nueva asociación económica y política, en el marco del proyecto de Ley sobre el Futuro de Quebec y el acuerdo del 12 de junio de 1995?»

¡Ahí es nada! El paralelismo con la «consulta» de Ibarretxe habría que verlo en todo caso en lo farragoso y complicado de la pregunta. Y es que el Presidente del Gobierno Vasco conoce perfectamente que la propuesta del Gobierno quebequés fue rechazada por un estrecho margen: el 49,44% de los votantes respaldó la apuesta soberanista, con una altísima participación, del 93,48%. Sin embargo, lo que el lendakari también sabe es que los análisis y encuestas realizadas con posterioridad al referéndum quebequés pusieron de manifiesto que un importante porcentaje de los votantes del «sí», en realidad, deseaban seguir vinculados a Canadá. Es decir, no habían comprendido la pregunta -que ponía el acento en el término «asociación»-, ni, por tanto, las consecuencias de su respuesta, lo que invalidaba claramente el resultado de dicha consulta.

Unos meses más tarde, el ministro de Asuntos Intergubernamentales Stéphane Dion, quebequés, conocido como «el ministro de la claridad», solicitó un informe al Tribunal Supremo de Canadá sobre la capacidad Quebéc de decidir unilateralmente la secesión. El Tribunal Supremo afirmó entre otras cuestiones que a la luz del derecho internacional Quebec no podía adoptar unilateralmente tal decisión, al no encontrarse en una situación de colonial o de ocupación militar, aunque también entendió que no cabría desconocer sin más la voluntad de una amplia mayoría de ciudadanos, manifestada democráticamente, en respuesta clara, a una pregunta clara, sin ambigüedades.

Sobre estas premisas, En junio de 2000, el Parlamento canadiense aprobó la denominada Ley de la Claridad, impulsada por el ministro Dion, que deja en manos de la Cámara de los Comunes (Parlamento) lo relativo a la claridad de la pregunta así como a la determinación de la mayoría cualificada que se precisaría. Como se recoge en el prólogo de su libro: «(Canadá) ha establecido claramente que no existe derecho a la autodeterminación ni capacidad de imponer unilateralmente las condiciones de la secesión; y aún mas, que si se plantea la secesión, deben asumirse las consecuencias de ese riesgo también por Quebec. La secesión deja de poder ser utilizada, fundamentalmente, como señuelo.»

Es evidente, por tanto, que el Gobierno Vasco lleva a cabo una interpretación partidista e interesada del caso canadiense. La Constitución en aquel país no recoge la «indivisibilidad» del Estado, algo que la Carta Magna española sí contempla. Pero además, aquí hay una banda de asesinos que impiden a los ciudadanos –no a los nacionalistas, claro- expresarse con libertad. Unos asesinos con los que, según el texto de la primera pregunta del referéndum hoy anulado, el Gobierno Vasco quiere dialogar a cambio de que no nos maten. ¿Es eso lo que Ibarretxe entiende por derecho a decidir libremente?