El gobierno socialista ya hizo uso de esta posibilidad de disolver una corporación municipal por razones de interés general mediante Real Decreto 421/2006, de 7 abril, relativo al Ayuntamiento de Marbella, al entender que «el cúmulo y reiteración de los presuntos delitos cometidos (cohecho, alteración de precios en concursos y subastas, tráfico de influencias, delitos urbanísticos), así como el número de cargos públicos municipales imputados supone un escándalo político, provoca alarma social, el descrédito de la democracia municipal y genera la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas y un sentimiento de reproche por parte de la sociedad española en su conjunto».

Pues bien, hoy nos encontramos con un «escándalo» político indudablemente de mucha mayor trascendencia: Acción Nacionalista Vasca (ANV), el partido presuntamente heredero de Batasuna, mantiene 437 concejalías y la alcaldía de 33 municipios vascos y 8 navarros. El mismo partido cuya ilegalización, por fin, solicitó el Gobierno el pasado 30 de enero. Como prueba del apoyo económico reiterado de ANV a Batasuna se aportaba la documentación incautada en el registro policial efectuado en octubre de 2007 en la sede de EHAK/PCTV de Usúrbil: talonarios de cheques de ANV, tickets y facturas pagadas por miembros de la Mesa Nacional de Batasuna y un sello de ANV utilizado en documentos del PCTV. Asimismo, el Gobierno denunciaba el trasvase patrimonial realizado en el mes de septiembre de 2007 desde ANV a las cuentas bancarias de nueve personas vinculadas al aparato internacional de Batasuna. Curiosamente, dichos fondos provenían de tres préstamos de La Caixa por importe de 106.445 euros, 75.200 euros y 387.600 euros, respectivamente, para hacer frente a los gastos electorales realizados durante las elecciones municipales. Considerando la falta de apoyo de las entidades financieras a UPyD en las últimas elecciones, cabría preguntarse qué cualidades reunía ANV que le hicieran merecer tal confianza.

Pero además del aparato financiero, el Abogado del Estado denunciaba «la negativa del portavoz de ANV del Ayuntamiento de Baracaldo a condenar el atentado terrorista cometido contra los miembros de la Guardia Civil D. Raúl Centeno Bayón y D. Fernando Trapero Blázquez, asesinados en la localidad francesa de Capbretón». Dicho portavoz no se limitó a esa actitud de abstención, sino que propuso un texto en que se afirmaba, de forma literal que «en el camino ha habido muchos muertos y heridos y desgraciadamente puede que los siga habiendo; eso nadie lo niega, no vamos a negar, tampoco a lamentar, pero la cuestión es que sólo cabe ese camino…». O también, la tristemente famosa actuación de la alcaldesa de Hernani, el 12 de enero de 2008, en el acto celebrado por ANV para la presentación de sus cabezas de lista para las elecciones generales de 2008, pidiendo «ánimo, abrazo y aplausos» para Igor Portu y Mattin Sarasola, los presuntos miembros de ETA a los que se atribuye el atentado contra el aparcamiento de la terminal 4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas, en el que fueron asesinadas dos personas.

Todos estos hechos, que el Gobierno considera probados, ¿no suponen un claro apoyo, enaltecimiento y justificación del terrorismo y el menosprecio de las víctimas? ¿No es cierto que tales sucesos provocan alarma social y el descrédito de la democracia municipal y generan un sentimiento de reproche por parte de la sociedad española en su conjunto? En definitiva, ¿No concurren en este caso todos los elementos que permiten iniciar el procedimiento de disolución de los ayuntamientos en los que exista presencia de los proetarras de ANV?

Sin embargo, según se recoge en el Diario de Sesiones del Congreso del 16 de octubre de 2007, vigente el mal llamado «proceso de paz», el Partido Socialista se opuso a la proposición no de Ley del PP por la que solicitaba la disolución de las Corporaciones locales en las que gobierna ANV. El Gobierno alegó entonces que «para que pueda operar el artículo 61 de la Ley de Régimen Local es necesario que previamente, bien por la vía penal o bien por la vía de la Sala del 61 del Tribunal Supremo, se haya primero actuado contra ese partido político. Sólo entonces se podrá utilizar la vía de la disolución». Pues bien, desde el pasado 8 de febrero de 2008 -fecha del Auto de la Sala especial del Tribunal Supremo que estima la petición de medidas cautelares contra ANV «atendiendo a la especial intensidad de los indicios objetivos de vinculación entre el partido político demandado en este proceso y la ilegalizada Batasuna»- ya no existiría obstáculo para solicitar la disolución de estos ayuntamientos.

En lugar de ello, en los últimos días los ciudadanos asistimos entre incrédulos e indignados, al rechazo del PNV a la propuesta de presentar una moción de censura con el fin de desalojar a ANV de la Alcaldía de Mondragón que se negó a condenar el asesinato de Isaías Carrasco perpetrado por ETA. Pocos días después, Joseba Egibar, responsable del PNV en Guipúzcoa, argumentaba su rechazo a las mociones de censura contra los alcaldes de ANV aduciendo que ello no conduce a «escenarios progresivos de normalización política». De nuevo la dichosa normalización político-lingüística frente a la normalidad democrática. Como ha denunciado el Foro de Ermua, el PNV lleva años preparando el caldo de cultivo en el que se reproducen los asesinos utilizando la educación como instrumento de adoctrinamiento y autorizando libros en los que «Euskal Herria» es el marco exclusivo de referencia para los alumnos, sin que aparezca España; libros en que se pueden leer, entre otros muchos ejemplos, cosas como: “La raza es el núcleo donde se atesoran todas aquellas características que nos diferencian de otros cultural y moralmente” (Filosofía. 1º Bachillerato, Editorial Gaiak, 1997).

Este es el socio con el que el PSOE ha pactado pedir cortésmente a los ediles de ANV que dimitan de sus cargos en lugar de presentar directamente mociones de censura y promover la disolución de la Corporación Municipal. Y encima tienen la desfachatez de añadir a tan inútiles iniciativas el calificativo de «éticas».

¿Por qué tantos miramientos con ANV? Las hemerotecas evidencian que el PSOE no ha tenido inconveniente en presentar mociones de censura en otras ocasiones, desde la formulada en 2001 por Maragall contra el gobierno de Jordi Pujol, hasta la más reciente presentada contra el líder del PP canario tras las elecciones autonómicas y municipales de 2007. Tampoco tuvo problemas, como veíamos, para disolver el Ayuntamiento de Marbella atendiendo al interés general. Claro que, como se recoge en el Real Decreto que acuerda la disolución de este Ayuntamiento, en ese caso, era necesario atender al interés de la Comunidad Autónoma Andaluza «por la repercusión negativa que el caso supone para las relaciones económicas con otros estados, dado el considerable volumen de inversiones extranjeras en el sector inmobiliario localizadas en el término municipal de Marbella».

¿Y que pasa con la repercusión negativa que la presencia de ANV en los ayuntamientos supone para la vida de miles de ciudadanos amenazados y extorsionados por defender la libertad de todos?